SANTIAGO.- Concejales de esta ciudad, que representan cinco partidos en la Sala Capitular, acusaron al alcalde Gilberto Serulle de manejar las finanzas del Ayuntamiento de manera antojadiza, fundamentalmente al momento de realizar compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
La denuncia está contenida en una correspondencia que hicieron llegar este miércoles a Serulle los ediles Domingo Ureña, Aulio Collado Anico, Cándido Alvarez, Eric Mercedes y Fausto Conrniel, voceros en la Sala Capitular de los partidos de Acción Liberal, Miuca, Frente Nacional Progresista, Alianza por la Democracia y de los Trabajadores Dominicanos.
En el documento, acusan al administrador del municipio de violar las leyes 176-07 y 340-06, al realizar millonarios negocios con empresas, sin que mediaran concursos públicos, como lo establecen esas disposiciones legales.
Entre las entidades beneficiadas identifican a Skiline Enterprises, Miranda Dominicana y Stanford Real State “las que aparecen como grandes suplidores, recibiendo los pagos casi de inmediato, como si se tratara de compras al contado”.
Admitieron que a principios de la gestión la Sala Capitular autorizó al alcalde Serulle manejar a discreción los recursos del cabildo, para resolver problemas financieros generados por los embargos de las cuentas bancarias del Ayuntamiento.
“Sin embargo, el privilegio de pago de altas sumas millonarias por servicio y compra ha sido repetitivo en los meses de enero y febrero, sin conocerse la aplicación de la ley 340-06, que prevé las licitaciones y concursos públicos”, sostuvieron.
En otro sentido, criticaron que, con la contratación de la empresa Urbaluz para la recogida de los desechos sólidos, la limpieza de la ciudad se ha empeorado en los últimos meses, reduciéndose esa labor a un 45 por ciento “a pesar de que se produce un gasto adicional de 5 millones y medio de pesos al mes, además de que el Eco parque Rafey, destino final de la basura, está descuidado”.
También, criticaron supuestos pagos efectivos que, por servicios prestados en diferentes departamentos, se realizan en el Ayuntamiento, entre ellos en Transportación y mujeres contratadas para barrer calles y avenidas y el personal de apoyo técnico del proyecto habitacional “Vuelta Larga”.
“Esa forma de pago impide un control estricto auditable de esos valores y muchas de esas cantidades se pagan por medio de empleados que están nombrados dentro de la misma administración, lo que viola los criterios administrativos que establece la ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional”, indicaron los ediles firmantes de la carta.
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